viernes, 3 de julio de 2015

Global y Asociados de San Ignacio organizó una charla.

"Aspectos esenciales del fuero de la niñez y adolescencia" fue el tema que eligieron los directivos de la Empresa Global y Asociados en la habitual serie de charlas y conferencias que dicha organización realiza en la zona sur del país, dirigido a toda la ciudadanía y con énfasis en profesionales que se dedican al fuero.
El evento se realizó en el Salón de Actos de la Cooperativa San Ignacio Limitada y contó con una gran cantidad de asistentes. La actividad contó con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar, sede San Ignacio.

Derecho a la vida, defensa interinstitucional.

En el marco de la necesidad de estructurar un trabajo interinstitucional y la aplicación de la Acordada 965 de la CSJ, el Hospital Distrital de San Ignacio organizó una charla acerca de la aplicación del Protocolo de ubicación de camas de terapia intensiva para recién nacido y niños. 
El evento se realizó en el Salón Auditorio del Hospital Distrital de San Ignacio Guazú y contó con la presencia de un importante grupo de personas, entre ellos médicos, paramédicos, educadores de salud, estudiantes universitarios y ciudadanía en general. Fue transmitida en vivo y en directo por la 88.1 Mhz, Radio Monseñor Pastor Bogarín Argaña.

Derecho a la reserva de las actuaciones en el fuero de la niñez.

La Semana del Periodista, organizado por docentes y alumnos de la Facultad de Filosofía UNA, filial San Juan Bautista de las Misiones se realizó con nuestra participación. El evento, llevado a cabo en abril pasado contó con el desarrollo del tema "Tratamiento periodístico de hechos noticiosos donde estén involucrados niños y adolescentes". El caso suscitó un gran interés de los asistentes, quienes formularon distintas consultas acerca del tema desarrollado. 
La Facultad de Filosofía que desarrolla distintas carreras, entre ellas Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, entre otros es un importante establecimiento de altos estudios universitarios en el Octavo departamento y año tras año organizan durante la Semana del Periodista, una serie de charlas de interés general, principalmente relacionados con el manejo de los medios, el tratamiento periodistico, su inter relación con otras instituciones, entre otros temas de interés general.

DDHH: una garanía innata de la persona.

El Instituto de Derechos Humanos "Silvano Ortellado Flores" organizó una serie de conferencias acerca de los Derechos Humanos, su proyección histórica y la situación en nuestro país. En tal sentido, con una alta participación de alumnos, docentes, ciudadanos en general, se realizó en el Centro Cultural de la ciudad de Santa Rosa Misiones una charla donde compartimos una amena jornada con los asistentes y la transmisión en vivo de varios medios de comunicación del departamento de Misiones.

Responsabilidad médica en conflictos que involucren a niños y adolescentes.

Por iniciativa de la 8va. Región Sanitaria del departamento de Misiones, se realizó una charla con profesionales de la salud de ésta zona del país donde se desarrolló el tema "Responsabilidad médica en conflictos que involucren a niños y adolescentes". El evento llevado a cabo en el Salón Mangoré de la Gobernación de Misiones contó con la masiva participación de médicos, Lic. en Enfermerías, paramédicos y profesionales de la salud en general. La evaluación fue altamente positiva en la intercoordinación de instituciones de la zona.

"Identidad cultural misionera, normas consuetudinarias y su proyección histórica hacia la formación de la sociedad actual.

El pasado mes de diciembre durante la XVII Muestra de Arte Misionero. El tema desarrollado fue "Identidad cultural misionera, normas consuetudinarias y su proyección histórica hacia la formación de la sociedad actual". El evento se llevó a cabo en el Hall Central de la Municipalidad de San Ignacio Misiones y contó con expositores de Brasil, Argentina y la República del Paraguay. El año pasado la sede fue la ciudad de Posadas República Argentina donde también hemos disertado y en el presente año 2015 se llevará a cabo en la ciudad de Sao Luis Gonzaga, Rio Grande Do Sul, República Federativa del Brasil.

jueves, 2 de julio de 2015

El ius naturalismo y el fuero de la niñez.



Por imperio constitucional la República del Paraguay se constituye en “estado social de derecho”. (Art. 1 CN).  Aquella decisión de los ciudadanos convencionales en 1992 no puede ser ignorado por los operadores del sistema judicial y especialmente en el fuero de la niñez y adolescencia, ya que ello, además de tener fundamento constitucional se refuerza en elementales razones de dignidad humana que posee su base en principios de orden filosófico que trascienden la mera expresión normativa.

Es así que lo “social” de nuestro estado de derecho, encuentra una proyección y dimensión admirable en niñez y adolescencia por las características propias de las casuísticas, la complejidad de las mismas donde no pocas veces se entremezclan problemas sociales con necesidad de respuestas a través de políticas públicas y asuntos de competencia jurisdiccional.

Es ahí donde el Juez/a de la Niñez, el Defensor del Niño, el representante de la Codeni o cualquiera de los integrantes del equipo multidisciplinario deben apelar a su formación integral para dar una salida al caso. Dicha solución en no pocas oportunidades se encuentra en las frías letras de la norma jurídica (positivismo a ultranza), sino que necesariamente tiene que sustentarse en una profunda formación integral, que además de respaldarse en la técnica jurídica propiamente dicha, tiene una proyección en escuelas del pensamiento universal y es ahí donde el campo filosófico demuestra su influencia en la manera que in pectore éste o aquel operador da una respuesta a la casuística planteada.

La experiencia nos indica en tal sentido que el ius naturalismo como construcción del principio filosófico de los Derechos Humanos resulta una cuestión transversal en éste momento histórico y que diferencia a unas sociedades de otras, que en el caso particular de nuestro país encuentra obstáculos en generaciones sometidas al autoritarismo ejercido desde los centros de poder, sometiendo a los sectores más vulnerables, segmento al cual, a la luz de la Doctrina de la Protección Integral e innumerables normativas internacionales suscriptas por nuestro país pertenece el fuero de niñez y adolescencia.

Es que el principio filosófico enunciado resulta una limitante a las arbitrariedades y se erige en la concepción republicana de la manera que debe administrarse el servicio judicial y al mismo tiempo legitimarse como un Poder del Estado que se encuentra en la permanente mira de los justiciables.



Otras disposiciones de orden constitucional que puede darnos claridad al concepto-idea que deseamos transmitir encontramos, ya sea en el art. 4 que dice:... “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción, en concordancia con el  Art. 54 de la C.N  que establece que:.. “Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente” así como lo dispuesto en el art. 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño, que obliga a los operadores de justicia de niños y adolescentes a considerar en forma primordial el INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. Si apelamos a disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, podemos encontrar clara concepción ius naturalista en los Artículos 9, 97,185 entre tantos otros.

En definitiva una vez más se demuestra que existe una supremacía del derecho natural, aquello que es innata a la persona humana, con derechos y garantías que parten desde el mismo momento de su concepción en el seno materno, que no resultan una concesión graciosa de ningún Estado, sino que es prevaleciente.

Ahí encontramos la explicación acerca de lagunas jurídicas, vaguedades, oscuridades, interpretaciones contradictorias, que es cierto poseen soluciones normativas en algunos casos, pero paralelamente en no pocas oportunidades dejan de responder a una cada vez más preocupante formación integral del operador del sistema. Ante dicha circunstancia se producen errores que van desde la arbitrariedad, las estigmatizaciones, se llegan a casos de discriminación y lógicamente todo responde a un Estado de Derecho débil, paquidérmico o sencillamente ausente, sin la existencia de garantías constitucionales. 

Es por ello, que la administración de los órganos, como igualmente de los integrantes de los demás componentes que operan dentro del sistema debe estar a cargo de hombres y mujeres que claramente tengan delineado su visión acerca de la normativa constitucional y de los principios filosóficos aplicables a fueros tan sensibles como el de la niñez y adolescencia.

Tal como lo dijera Platón: “La ley natural verdadera y justa, en el mundo de las ideas es incorruptible, mientras que la ley positiva sólo está sujeta al cambio y vale en cuanto participan de ellas”.

La obligación del Estado Paraguayo de garantizar el derecho a la vida, la salud y principalmente de los recién nacidos.



El Estado paraguayo está obligado a garantizar el derecho a la vida y la salud, en especial de los recién nacidos, niños en evolución y adolescentes. El debate generado en las últimas semanas ante la evidente carencia de unidades de terapia intensiva en centros asistenciales de carácter público de nuestro país, para atender principalmente a recién nacidos, debiendo apelarse a órdenes judiciales para ubicar imperativamente a quienes teniendo pocas horas se debaten entre la vida y la muerte no puede dejar de sorprendernos y causar indignación. Ello aumenta, cuando quienes utilizando su imperium proceden a ordenar el cumplimiento de todos los instrumentos normativos nacionales y supra nacionales que obliga a la República del Paraguay reciben como respuesta una denuncia de un conocido sanatorio privado capitalino contra 23 Magistrados del fuero de la Niñez y Adolescencia, quienes aún ante dicha amenaza siguen haciendo cumplir lo dispuesto por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales debidamente ratificados por nuestro país, el Código de la Niñez y Adolescencia, como igualmente toda norma aplicable en beneficio de los sujetos de derecho del fuero a partir de la implementación de la Doctrina de Protección Integral.
Quedó más que en evidencia un sistema de salud colapsado donde la obligación de rango constitucional e inclusive de Derechos Humanos del “derecho a la vida”, a la salud y otras garantías sencillamente si no fuera por la convicción social de operadores del sistema, ya sea Jueces de la Niñez y Adolescencia, como Defensores Públicos iba a ser sencillamente letra muerta en nuestro país, a costa de la elevación de la tasa de mortalidad infantil. La gravedad e indignación aumenta porque la ineptitud e ineficacia demuestra un total desprecio hacia la vida humana, lo cual se eleva a su máximo potencial cuando se trata de inocentes criaturas recién nacidas en los más recónditos sitios de la República, siendo saldada la circunstancia por la valiente actitud de los colegas magistrados/as quienes aún con la amenaza encima, siguen haciendo prevalecer el sagrado derecho de salvar la vida de los afectados.
            Los argumentos a favor de la concesión de las medidas cautelares de urgencia y protección para la internación de niños y adolescentes en unidades de Terapia Intensiva en instituciones sanatoriales privadas son varias. Partiendo de la misma Constitución Nacional que en su artículo 4 garantiza la protección del derecho a la vida y en sus artículos 13 y 54 que dispone la protección al niño, obligando a la familia, la sociedad y al Estado a garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, desnutrición, violencia, abuso, tráfico y explotación. Asimismo, en el artículo 68 ordena que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad, en concordancia con el Artículo  69 que obliga al Estado a promover un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector público y privado.
            Los argumentos jurídicos se sostienen y refuerzan con lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 24 obliga a los Estados Partes, del cual es signatario nuestro país, a  reconocer el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Ningún niño puede ser privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios, debiendo adoptarse las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y en la niñez; como igualmente asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud. En el Vigesimoquinto Aniversario de la Convención, muy poco favor hace nuestro país como Estado Parte para el efectivo cumplimiento de sus disposiciones.
            Ello concuerda con otro instrumento normativo de carácter internacional, como son las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad que tiene como preocupación central el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, argumentando que los sistemas judiciales son instrumentos reales de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables.
                   El Código de la Niñez y Adolescencia por su parte, también garantiza (Art. 13) que el niño o adolescente tiene derecho a la atención de su salud física y mental, recibir la asistencia médica necesaria y acceder en igualdad de condiciones a los servicios y acciones de promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. El mismo artículo refiere que si el niño o adolescente pertenece a un grupo étnico o a una comunidad indígena, deben ser respetados los usos y costumbres médico-sanitarios vigentes en su comunidad, toda vez que no constituyan peligro para la vida e integridad física y mental de éstos o de terceros. En las situaciones de urgencia, los médicos están obligados a brindarles la asistencia profesional necesaria, la que no puede ser negada o eludida por ninguna razón.”. Igualmente Los artículos 161, literal “l” y 175 “f”, , otorgan competencia al Juzgado de la Niñez y Adolescencia para  entender  en las medidas  cautelares para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos del niño o adolescente y los faculta disponer todas las demás medidas de protección establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que considere necesarias en interés superior o para la seguridad del niño o adolescente.
            Lo realizado por los Magistrados del Fuero de la Niñez y Adolescencia en ordenar las medidas de internación de carácter urgente para recién nacidos en grave estado es justamente hacer efectivo cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las 100 Reglas de Brasilia suscripto y ratificado por nuestro país, teniendo como norte los principios transversales del Procedimiento en el fuero de la Niñez y Adolescencia, previstos en el artículo 167 del Código de la Niñez y la Adolescencia, tales como la gratuidad, concentración, e inmediación, con la debida celeridad ante la urgencia del caso atendiendo que está en juego el principal bien jurídico protegido por nuestro ordenamiento, que es el Derecho a la Vida.
            Es ahí que resulta incomprensible la denuncia formulada por el centro asistencial privado e igualmente las apelaciones realizadas por el representante del Estado, es decir, el Procurador General de la República ante la decisión de colegas de la zona central del país. No obstante, los argumentos del tribunal de alzada sobre el particular sencillamente no pudieron ser mejores, ya que además de ratificar las resoluciones del Aquo aportan razonamientos sumamente interesantes que marcan una verdadera tendencia hacia las decisiones a ser adoptadas.
En tal sentido, el Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo, en su AI No. 66 del 6 de mayo de 2014, integrado por las María Eugenia Giménez de Allen, Sonia de León Franco de Nicora y Karem González Acuña, al estudiar la Apelación del AI Nº 114 de fecha 15 de julio de 2013, emanado del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Primer Turno de la ciudad de San Lorenzo, a cargo de la Jueza Abog. Yngrid Yambay, pone de resalto que en la Jurisdicción Especializada de la Niñez, el dictado de medidas cautelares de protección tienen como objeto y fin preservar los derechos en posible riesgo, siendo en la causa de análisis, el Derecho a la Vida y a la Salud de la niña Y. G. Es así que, la medida cautelar de protección se instituye como el cauce procesal adecuado para los casos en que, por la naturaleza de los derechos que se pretenden precautelar, otro tipo de procedimiento no cumpliría la finalidad perseguida, más todavía cuando que en el caso que nos ocupa la medida fue dispuesta a objeto de preservar un derecho constitucional inalienable e inherente a todo ser humano, como lo constituye el Derecho a la Vida y la Salud.
            Magistralmente las camaristas definen las medidas cautelares autónomas o también llamadas autosatisfactivas en la Jurisdicción de la Niñez, afirmando que se tratan de requerimientos urgentes formulados al Órgano Jurisdiccional, que se agotan con la concesión o el rechazo de las mismas, no siendo necesaria la ulterior tramitación de una acción principal. Constituye una respuesta Jurisdiccional adecuada a una situación que requiere una pronta y expedita intervención del Órgano Jurisdiccional. Para el efecto, la preopinante señaló que para la concesión de las medidas, el Juzgador/a deberá efectuar un minucioso análisis, a los efectos de determinar si se dan los presupuestos para su concesión, que son: fuerte probabilidad que sean atendibles las pretensiones del peticionante, urgencia del caso y contracautela si así lo ameritara el caso, aunque no es la regla sino la excepción en ésta Jurisdicción. Estas medidas cautelares de protección de carácter autónomas pueden ser concedidas inaudita parte, atendiendo a la urgencia del caso.
            La misma resolución trae a colación los instrumentos jurídicos aplicables al caso y atinentes al Derecho a la Salud y a la Vida, así en el orden de prelación de normas, pasando a citar los Arts. 4, 54, 68 de la Constitución Nacional. De la Convención sobre los Derechos del Niño, son aplicables los Art. 3 “1 que señala que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales y las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño...”; el Art. 6 “1 obliga a los Estados Partes a reconocer que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida, 2. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”. El Art. Art. 24 “1 afirma que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptaran medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia medida y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de la salud”.
            La interesante resolución igualmente se refiere a la aplicabilidad del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dispone cuanto sigue: Art. 12 “... Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños”. Ello concuerda con lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica, que en lo que respecta, establece: Art. 4- Derecho a la Vida: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la Ley y, en general, a partir del momento de la concepción...”. Art. 19- Derechos del Niño: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
            Igualmente, las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, refieren que el sistema judicial se debe configurar como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, definiendo las situaciones de vulnerabilidad, en los siguientes términos: Sección 2- Beneficiarios de las Reglas: “Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad...”.
            Tal como señaláramos más arriba, los Arts. aplicables del Código de la Niñez y Adolescencia son: el Art. 3- Del interés superior del niño, Art. 13 Del Derecho a la salud; Art. 15  De los programas de salud pública; Art. 175- De las medidas de cautelares de protección.
            El cuerpo colegiado señala que una correcta hermenéutica de las normativas que anteceden, permiten arribar a la conclusión categórica e inequívoca, del carácter prevaleciente que posee el derecho a la vida y salud de toda persona, por tal motivo, y teniendo especial atención a las condiciones de vulnerabilidad de la niña Y. G., y la urgencia del caso puesto a conocimiento del a quo, resultaba imperativa la celeridad en la intervención del órgano jurisdiccional, a fin de efectivizar el cumplimiento de las garantías consagradas en los instrumentos jurídicos aplicables al caso. En este contexto, la preopinante es de la opinión que la medida debió ser adoptada inaudita parte, tal como lo hizo el a quo, pues la urgencia del caso así lo ameritaba. Ello surge claramente del informe remitido por el nosocomio a la Jueza de la Niñez y Adolescencia de turno, donde se pone de resalto que la niña Y. G. se encontraba en riesgo de vida, con asistencia respiratoria manual. Ese riesgo de vida justificaba plenamente, que se haya otorgado la medida inaudita parte, pues se encontraban cumplidos los presupuestos de las medidas cautelares autónomas o autosatisfactivas, los cuales ya los hemos citados precedentemente.
            El mismo fallo recuerda que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, se ha pronunciado con relación al Derecho a la Vida y al Derecho a la Salud, al evacuar la consulta sobre constitucionalidad efectuada por el Juzgado de Primera Instancia en lo civil y comercial del Sexto Turno en el Juicio: “Daniela Cantero de Romero c. I.P.S. s/ Amparo. Ac. y Sent. N° 474 del 11.10.2010”, expresando cuanto sigue: “... En estas condiciones queda claro que el Derecho a la Vida y a la Salud son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional, por tanto, no solo las instituciones públicas sino también las privadas están obligadas por Ley al absoluto cumplimiento de sus obligaciones en cuando a la salud de cualquier ciudadano y más aún cuando se trata de enfermedades de extrema gravedad en el que la vida de las personas está en juego. Es por ello que considero que ninguna disposición legal o administrativa pueda prohibir el acceso de los ciudadanos a la asistencia médica con pretexto de falta presupuestaria pues los Centros de Salud sean públicos o privados deben atender a los enfermos y en su caso el Estado es quien debe asumir los costos, de lo contrario estaríamos contraviniendo los principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional...” (sic).      
Coherente con lo sostenido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha mencionado que el Derecho a la Vida es un Derecho Humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de los demás derechos humanos, al respecto, el citado órgano de justicia internacional tuvo oportunidad de afirmar que: “En esencia, este derecho comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna. Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria” (Cf. Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yake Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C N° 125, párrs. 161 y 162 y sus citas).
En éste contexto, corresponde mencionar la importancia que el Derecho a la Salud adquiere en los diversos cuerpos normativos nacionales e internacionales, debiendo tenerse en consideración que dada su jerarquía constitucional, al verse vulnerado gravemente como se corrobora en autos, solo es posible concebir el requerimiento de intervención judicial por la vía de una medida cautelar autónoma, atendiendo a que otorgarle una tramitación con intervención a la otra parte, constituiría una dilación innecesaria, pues dada la urgencia del presente caso, no es posible concebir la espera de una respuesta estatal respecto a los recursos disponibles, cuando ya la autoridad de una institución pública comunica la carencia de medios dentro del sector público de salud, a fin de atender las necesidades médicas (terapia intensiva) de la niña Y. G.
El acceso a los bienes, servicios y oportunidades destinados a satisfacer las necesidades de la salud constituye un derecho humano fundamental, el cual, en principio, debe ser brindado directamente por el Estado Paraguayo, por medio de las instituciones públicas oficiales, o en su defecto, de manera excepcional, como resultado de una intervención jurisdiccional, con el dictado de una medida cautelar de hospitalización (la cual es dictada con la finalidad de proteger del derecho a la vida, que se encuentra en peligro inminente), la cual no puede estar supeditada a ningún trámite de rigor - previo, pues una respuesta morosa o tardía por parte del administrador/a de justicia, se podría configurar en un perjuicio irreparable para el sujeto que se somete a la salvaguarda jurisdiccional.
Otro de los agravios expresados por el recursante es que la niña Y. G. se encontraba internada en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de San Lorenzo, habiendo accedido a la asistencia médica necesaria, demostrándose que el Estado Paraguayo se encontraba cumpliendo plenamente su deber de garantizar al niño el acceso igualitario al Derecho a la Salud. En este punto, corresponde afirmar que según el informe remitido desde el citado nosocomio, la salud de la niña ya no estaba siendo garantizada en el hospital donde estaba internada, encontrándose en riesgo de vida, pues requería de una terapia intensiva con suma urgencia, cuidados intensivos que no podían ser proveídos en ese momento dentro de los servicios públicos de salud. Todas estas afirmaciones fueron efectuadas por la Jefa de guardia de la Cátedra y Servicio de Clínica Pediátrica, por lo que considero que eran absolutamente verosímiles. En base al referido informe, el Estado Paraguayo ya no estaba cumpliendo plenamente con su deber de garantizar a la niña su Derecho a la Salud, pues estaba en riesgo de vida, la que podría haberse perdido sin la medida que fue adoptada por el a quo. Distinto seria si la niña no se encontraba en riesgo de vida y lo que se solicitaba era una atención más personalizada o mejores condiciones de internación que solo podría brindar el sistema privado de salud. Ante tal hipótesis, la medida hubiera sido inadecuada, pero cuando lo que se trata de preservar es la vida misma del ser humano, no cabe duda que la medida debe ser adoptada. Cualquier análisis desde el punto de vista de falta de recursos del Estado, considero que no puede sostenerse cuando lo que se está garantizando es el derecho a la vida de una niña.
Finalmente, la camarista preopinante afirma que el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho a la vida que es el primer derecho natural de la persona humana, que resulta reconocido y garantizado por nuestra Carta Magna, por lo que el Estado tiene la obligación impostergable de garantizar ese derecho con acciones positivas y medidas concretas, en cumplimiento de las obligaciones internacionales a los que se comprometió. Toda persona que sea víctima de una violación al derecho a la salud debe contar con recursos judiciales efectivos, más aun, cuando como la casuística de referencia se trata de una niña, cuyos derechos tienen carácter prevaleciente conforme el art. 54 de nuestra Ley Suprema. Considera que en el caso analizado, el principio del interés superior del niño conduce, sin lugar a dudas, a garantizar el derecho a la vida de Y., derecho humano fundamental sin cuya protección todos los demás derechos quedan en pura teoría. Frente a ciertos casos, las medidas cautelares autónomas devienen imprescindibles para la protección de los derechos del justiciable.
Por último, con relación al agravio que guarda relación con la violación a la libre concurrencia, la preopinante consideró que no constituye un perjuicio al Estado Paraguayo y por lo tanto no puede ser considerado como agravio por el apelante. La otra integrante de la Cámara, Dra. Franco de Nicora además de adherirse al voto de la Preopinante, por los mismos fundamentos, agregó que compartía el voto de la conjuez preopinante en lo concerniente al concepto del derecho a la vida de raigambre constitucional y siendo éste un derecho humano fundamental, se constituye en un derecho prioritario de todo ser humano, cuya esfera de protección es absoluta, vale decir, en caso de controversia, los derechos humanos revisten carácter prevaleciente y por ende excluyen a toda otra consideración que no aluda a derechos atendiendo al Principio rector en ésta jurisdicción cual es el interés superior del niño, consagrado en el art. 54 de la Ley fundamental de la República.
En su exposición la conjuez afirma que las instituciones sanitarias deberían centralizar, un conducto de comunicación interinstitucional de manera a propiciar la coordinación y fiscalización de todas las acciones inherentes al servicio de salud pública, con el propósito de lograr mayor eficacia en dicho servicio a la población, máxime cuando se halla comprometida la salud y la vida de todo ser humano, principalmente, en lo que interesa a ésta jurisdicción especializada, la de los niños, niñas y adolescentes, pues el factor tiempo en tales circunstancias, cobra superlativa importancia, pues, ante el más mínimo retraso en dar respuesta inmediata y conducente a la casuística planteada, como lo es el requerimiento de cuidados intensivos, podría generar consecuencias irreversibles como la pérdida de la vida. En definitiva, otro elemento no menos importante, constituye la comunicación que el sanatorio receptor debe mantener con el órgano jurisdiccional que ordena la medida cautelar de hospitalización, ello es, un informe acabado respecto al estado y evolución de los pacientes que son acogidos, amparados en ésta decisión judicial, desde el momento de su ingreso al nosocomio privado donde fuera derivado/a el/la paciente hasta el alta médica pertinente.
Conclusión: sin ánimo de extendernos, las conclusiones son más que evidentes. Es por ello que sorprende ingratamente la acción de ciertos operadores en poner en tela de juicio las decisiones de los Magistrados del fuero de la Niñez y Adolescencia. El escándalo resulta de proporciones y dimensiones extraordinarias porque se discuten cuestiones básicas y elementales que obligan al Estado a dar respuesta efectiva. Este país alguna vez debe ser serio. El Estado como ente debe funcionar y ser eficiente; de lo contrario, demostraremos que aún suscribiéndonos a instrumentos normativos supranacionales las disposiciones del mismo serán letra muerta en nuestro territorio porque estará sujeto a la voluntad política del mandamás de turno, al presupuesto disponible o al criterio de los poderes fácticos. Aún así, la valiente actitud de los Magistrados/as del fuero de la Niñez y Adolescencia, parece ser un oasis en éste terrible desierto donde quedan abandonados niños recién nacidos en busca de camas de terapia intensiva y padres desesperados en busca de una solución.

NIÑOS DESNUTRIDOS, RESPUESTA JURÍDICA Y PROBLEMA SOCIAL.



La problemática social es una deuda histórica del Estado Paraguayo principalmente con los sectores vulnerables. El combate a la pobreza es un asunto pendiente que sobrepasó los distintos gobiernos del sistema democrático y aunque se tenga la voluntad e igualmente la firmeza necesaria desde el órgano jurisdiccional, en no pocas oportunidades la falta de respuesta al caso concreto mostró su peor rostro: aquel que resulta incapaz disimular ante la evidencia de las imágenes, siendo imposible no quedar impactado ante ella.

La publicación de casos de niños desnutridos con un final infeliz, como la pérdida de la vida humana de los infantes debe alertar a diferentes instituciones y principalmente a aquellos encargados de garantizar el normal desarrollo de los niños y adolescentes para enfrentar dicha situación. Es decir, estamos hablando de la necesidad de establecer Políticas Públicas concretas que lleguen al campo de aplicación para evitar convertir a ésta generación de niños en futuros compatriotas con graves problemas de desarrollo y nutrición.

La propia condición humana está dotada de dignidad y derechos, que representan una obligación esencial e intransferible del Estado Paraguayo, el cual, constitucionalmente se constituye en un Estado Social de Derecho.

Según una publicación en la página digital del Diario ABC Color de nuestro país, que data del 24 de mayo de 2013 y tomando como fuente datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el titular del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) afirmó que la desnutrición crónica afecta al 15% de los niños de hasta cinco años en Paraguay en coincidencia con la suma global que se posee. Por su parte los números del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Paraguay tampoco son alentadores ya que afirma que en nuestro país se registran 188.600 niños que se encuentran desnutridos o están en riesgo de estarlo.

Desde octubre del año pasado se detectaron cuatro casos de niños en estado de desnutrición en Misiones. En forma inmediata se alertó a todo el equipo multidisciplinario de la Circunscripción Judicial, pero tal como se afirmara en los medios de comunicación de la zona, se dio una salida jurídica al caso, pero el problema social indefectiblemente volverá a presentarse, más aún cuando no existen políticas públicas capaces de enfrentar la situación planteada. De hecho es un problema de Estado, pero éste como ente, se traduce en diferentes organismos y con un determinado campo de acción con la carga de plantear soluciones al problema.

El Derecho a la Supervivencia es el primero de un catálogo de derechos del niño y adolescente. El mismo integra el Derecho a la Vida (Art. 4 CN), a la Salud (Art. 13 CNA), a un nivel de vida adecuado (Art. 71 CNA), seguridad social, protección en casos de conflictos, a que los padres tengan la asistencia  debida para que puedan asumir su crianza. El segundo grupo lo conforman aquellos conocidos como los Derechos del Desarrollo que incluyen al de educación (Art. 20 CNA), acceso a la información, identidad, no ser separados de sus padres, libertad de pensamiento, conciencia, religión, derecho a la recreación y cultura.

Inmersos dentro de la Doctrina de la Protección Integral, lógicamente es un sistema proteccionista, pero en el marco del mismo catálogo del párrafo anterior, en tercer lugar los derechos a la protección incluye la eliminación de toda explotación  y crueldad, no ser objeto  de injerencias en su vida privada familiar, correspondencia, protección especial al niño refugiado,  a aquel con capacidades diferentes, contra abusos en el sistema de justicia penal, abuso sexual, venta  o trata de niños e igualmente contra el uso ilícito de estupefacientes.

El catálogo de referencia culmina con los llamados: derechos a la participación que garantiza la libertad de expresión, expresar su opinión y ser escuchado en asuntos que le conciernen, la libre asociación y celebrar reuniones pacíficas, desempeñar un papel activo en la sociedad en general.

Desde el consabido Art. 4 de la Constitución Nacional que consagra el Derecho a la Vida, “en general, desde la concepción”, hasta las últimas normas aplicables a la problemática planteada, debe indefectiblemente orientarnos hacia la consolidación de un sistema más justo y humanitario. Ello concuerda con el Art. 54 que garantiza al niño su desarrollo armónico integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo del abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación.

Las políticas públicas deben ir más allá del mero discurso, ya que judicializar casos de la problemática social absurdamente pueden orientarnos hacia innecesarios enfrentamientos donde la espiral de violencia irá en aumento y así efectivamente podemos perder todos.

Los argumentos sobran, ya que los efectos de la desnutrición son devastadores e irreversibles. Aquellos niños que sufren desnutrición crónica presentan retrasos en su desarrollo físico e intelectual y aumentan el riesgo de contraer enfermedades. Por ello concluimos que la alta función social que se desempeña en el Sistema Nacional de la Niñez y Adolescencia obliga que todos sus miembros posean la convicción necesaria, de manera a brindar un servicio de excelencia acorde a los tiempos democráticos que vive el país. Con niños y jóvenes integralmente felices, gana la Patria. Esa debe ser la prioridad.

El moñai de la Laguna San Isidro de Santiago Misiones.

            Santiago es una hermosa ciudad. Apacible. Bella. Encantadora. Mágica. La originaria Yvyty Rokai Roke, como toda población je...