viernes, 25 de diciembre de 2015

Las conclusiones del Congreso Latinoamericano realizado en Mendoza.



Como todos los años en éste 2015 se realizó el Congreso Latinoamericano de Familia, Niñez y Adolescencia. Esta vez la sede fue el Centro de Congresos y Convenciones Emilio Jofre de la ciudad de Mendoza, Argentina, donde tal como ya lo señalaramos en articulos anteriores compartidos en éste blog hemos tenido el honor de compartir la Mesa Redonda con juristas de un par de paises latinoamericanos.
Fue el séptimo de este tipo de eventos, que años anteriores tuvieron otros puntos de Latinoamérica, como Natal, Brasil; La Habana, Cuba; Piura, Perú; Puerto Iguazú, entre otros.
En la presente edición, más que nunca, la delegación paraguaya se nutrió de un centenar de operadores del sistema de la Niñez y Adolescencia de nuestro país, que con su participación en los debates dejaron una buena impresión a los referentes de Latinoamérica que participaron, ya que la proactividad de la labor de los Magistrados de este fuero en más de una oportunidad se ha notado en la vida pública del Paraguay.
Aunque las conclusiones y recomendaciones fueron expuestas por las cuatro comisiones, en el presente artículo solo queremos abocarnos a las desarrolladas por la primera de ellas que enfocó los derechos humanos e inclusión social y cultural de niños, niñas y adolescentes: evolución y desafíos. Prospectiva. Salud y educación.
La primera recomendación que se dirige a toda institución que aborde a familias, adolescentes, sujetos con capacidad reducida y con adicciones o con altos grados de vulnerabilidad social, es la reorganización de los profesionales en equipos interdisciplinarios de modo tal que las instituciones sean coherentes con los nuevos paradigmas de atención e intervención.
Es sorprendente la deuda histórica de los Estados de Latinoamérica con los vulnerables. Desde los más emblemáticos doctrinarios hasta nuestros poetas han citado a dicho segmento social, utilizando términos como “los otros”, “los nadies” (E.G.) y años de denuncias aún no fueron suficientes para que la morosidad de las políticas públicas desaparezca y las históricas asimetrías vayan cediendo hacia una verdadera justicia social de derecho pregonado por nuestro sistema republicano.
De eso se trata la segunda recomendación donde también se incluye a los que se encuentran del otro lado del mostrador.
Pide que se diseñen políticas donde se contemple el programa propuesto “cuidando a los que cuidan”.
El alto nivel de estrés de los operadores del sistema que recibe como respuesta “hace lo que le gusta” no demuestra otra situación, sino una criminal desidia ya sea de parte de los que exigen políticas públicas, como igualmente de la misma población que necesariamente deberá acudir a “los cuidadores” para exigir sus derechos.
Es un círculo vicioso donde finalmente todos se convierten en víctimas de un sistema injusto y perverso.
Es por ello que se sugiere a los Estados latinoamericanos el cumplimiento operativo de la normativa internacional y nacional referente al derecho a la salud y atención médica.
También se pide implementar la figura del defensor nacional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y crearla donde aun no se encuentre funcionando.
En nuestro país ello es suplido por la figura del defensor del Niño que en virtud de lo dispuesto por nuestro Código de la Niñez y Adolescencia generalmente, más aún en los poblados del Paraguay profundo, el defensor público especializado en este fuero.
La preocupación de hace unos años del maestro Zafaronni que cuando un juez, fiscal o defensor habla ante una Cámara lo hace en un dialecto que nadie entiende, justamente también forma parte de las recomendaciones de este grupo de trabajo.
Es así, que instan a adecuar el lenguaje de todos los protagonistas que operan en la justicia y organizaciones e instituciones que atienden a NNA pues debe ser claro, sencillo, comprensible, amigable.
En el caso de nuestro país y algunas zonas andinas, ya que tuve la oportunidad de intercambiar pareceres con colegas bolivianos y del Perú, la utilización del lenguaje originario en la mayoría de los casos es fundamental. La República del Paraguay igualmente en este campo lleva la posta.
El uso masivo del idioma guaraní, no solo por los sujetos de derecho de las causas en nuestro país, sino por la mayoría de los operadores del sistema es un gran logro, cuya validez aún no dimensionamos y que con la aplicación efectiva de la Ley de Lenguas conllevará el allanamiento de los obstáculos para que sectores vulnerables realmente tengan un servicio judicial de excelencia.
Considerar excepcional toda situación en que un niño no esté protegido por sus progenitores y deba ser dispuesta una medida de inclusión familiar o social, en consecuencia dar intervención a la justicia competente.
Incorporar la pericia antropológica a la justicia con fines, entre otros, de codificar los significados de un comportamiento aceptado o rechazado en una cultura diferente a la homogénea.
Instalar procesos de mediación transformadora como una herramienta de intervención social en los espacios de salud, comunidad y familia. Orientar hacia el ideal de construir bases de datos genéticos dentro de la visión paradigmática de revalorizar el uso genoma humano para cambiar la metodología curativa, son otras de las recomendaciones que se realizó desde esta comisión.
Finalmente para no extendernos, revisar la efectiva implementación del sistema integrado de información sobre las políticas públicas, la transparencia, acciones conjuntas para el abordaje de la problemática de NNA, inserción sociolaboral de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, presentar propuestas superadoras inclusivas y que tengan en cuenta el desarrollo y la promoción fueron otras conclusiones de la Comisión N° 1 del Congreso y que a partir de ahora los operadores debemos aunar esfuerzos para lograr todo esto y encontrarnos en el siguiente Congreso a realizarse en la hermana República de Colombia donde nuevamente se va a renovar el compromiso con nuestra infancia, históricamente postergada en los programas de gobierno de no pocos países del Cono Sur.

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