Como
todos los años en éste 2015 se realizó el Congreso Latinoamericano de Familia,
Niñez y Adolescencia. Esta vez la sede fue el Centro de Congresos y
Convenciones Emilio Jofre de la ciudad de Mendoza, Argentina, donde tal como ya lo señalaramos en articulos
anteriores compartidos en éste blog hemos tenido el honor de compartir la Mesa
Redonda con juristas de un par de paises latinoamericanos.
Fue el séptimo de este tipo de eventos, que años
anteriores tuvieron otros puntos de Latinoamérica, como Natal, Brasil; La
Habana, Cuba; Piura, Perú; Puerto Iguazú, entre otros.
En la presente edición, más que nunca, la
delegación paraguaya se nutrió de un centenar de operadores del sistema de la
Niñez y Adolescencia de nuestro país, que con su participación en los debates
dejaron una buena impresión a los referentes de Latinoamérica que participaron,
ya que la proactividad de la labor de los Magistrados de este fuero en más de
una oportunidad se ha notado en la vida pública del Paraguay.
Aunque las conclusiones y recomendaciones fueron
expuestas por las cuatro comisiones, en el presente artículo solo queremos
abocarnos a las desarrolladas por la primera de ellas que enfocó los derechos
humanos e inclusión social y cultural de niños, niñas y adolescentes: evolución
y desafíos. Prospectiva. Salud y educación.
La primera recomendación que se dirige a toda
institución que aborde a familias, adolescentes, sujetos con capacidad reducida
y con adicciones o con altos grados de vulnerabilidad social, es la
reorganización de los profesionales en equipos interdisciplinarios de modo tal
que las instituciones sean coherentes con los nuevos paradigmas de atención e
intervención.
Es sorprendente la deuda histórica de los Estados
de Latinoamérica con los vulnerables. Desde los más emblemáticos doctrinarios
hasta nuestros poetas han citado a dicho segmento social, utilizando términos
como “los otros”, “los nadies” (E.G.) y años de denuncias aún no fueron
suficientes para que la morosidad de las políticas públicas desaparezca y las
históricas asimetrías vayan cediendo hacia una verdadera justicia social de
derecho pregonado por nuestro sistema republicano.
De eso se trata la segunda recomendación donde
también se incluye a los que se encuentran del otro lado del mostrador.
Pide que se diseñen políticas donde se contemple
el programa propuesto “cuidando a los que cuidan”.
El alto nivel de estrés de los operadores del
sistema que recibe como respuesta “hace lo que le gusta” no demuestra otra
situación, sino una criminal desidia ya sea de parte de los que exigen
políticas públicas, como igualmente de la misma población que necesariamente
deberá acudir a “los cuidadores” para exigir sus derechos.
Es un círculo vicioso donde finalmente todos se
convierten en víctimas de un sistema injusto y perverso.
Es por ello que se sugiere a los Estados
latinoamericanos el cumplimiento operativo de la normativa internacional y
nacional referente al derecho a la salud y atención médica.
También se pide implementar la figura del
defensor nacional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y crearla
donde aun no se encuentre funcionando.
En nuestro país ello es suplido por la figura del
defensor del Niño que en virtud de lo dispuesto por nuestro Código de la Niñez
y Adolescencia generalmente, más aún en los poblados del Paraguay profundo, el
defensor público especializado en este fuero.
La preocupación de hace unos años del maestro
Zafaronni que cuando un juez, fiscal o defensor habla ante una Cámara lo hace
en un dialecto que nadie entiende, justamente también forma parte de las
recomendaciones de este grupo de trabajo.
Es así, que instan a adecuar el lenguaje de todos
los protagonistas que operan en la justicia y organizaciones e instituciones
que atienden a NNA pues debe ser claro, sencillo, comprensible, amigable.
En el caso de nuestro país y algunas zonas
andinas, ya que tuve la oportunidad de intercambiar pareceres con colegas
bolivianos y del Perú, la utilización del lenguaje originario en la mayoría de
los casos es fundamental. La República del Paraguay igualmente en este campo lleva
la posta.
El uso masivo del idioma guaraní, no solo por los
sujetos de derecho de las causas en nuestro país, sino por la mayoría de los
operadores del sistema es un gran logro, cuya validez aún no dimensionamos y
que con la aplicación efectiva de la Ley de Lenguas conllevará el allanamiento
de los obstáculos para que sectores vulnerables realmente tengan un servicio
judicial de excelencia.
Considerar excepcional toda situación en que un
niño no esté protegido por sus progenitores y deba ser dispuesta una medida de
inclusión familiar o social, en consecuencia dar intervención a la justicia
competente.
Incorporar la pericia antropológica a la justicia
con fines, entre otros, de codificar los significados de un comportamiento
aceptado o rechazado en una cultura diferente a la homogénea.
Instalar procesos de mediación transformadora
como una herramienta de intervención social en los espacios de salud, comunidad
y familia. Orientar hacia el ideal de construir bases de datos genéticos dentro
de la visión paradigmática de revalorizar el uso genoma humano para cambiar la
metodología curativa, son otras de las recomendaciones que se realizó desde
esta comisión.
Finalmente para no extendernos, revisar la
efectiva implementación del sistema integrado de información sobre las
políticas públicas, la transparencia, acciones conjuntas para el abordaje de la
problemática de NNA, inserción sociolaboral de adolescentes y jóvenes en
situación de vulnerabilidad social, presentar propuestas superadoras inclusivas
y que tengan en cuenta el desarrollo y la promoción fueron otras conclusiones
de la Comisión N° 1 del Congreso y que a partir de ahora los operadores debemos
aunar esfuerzos para lograr todo esto y encontrarnos en el siguiente Congreso a
realizarse en la hermana República de Colombia donde nuevamente se va a renovar
el compromiso con nuestra infancia, históricamente postergada en los programas
de gobierno de no pocos países del Cono Sur.
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